Bruno Estrada López. Director de Estudios y Proyectos de la
Fundación 1º de mayo.
Ni el BCE, ni unas débiles instituciones
comunitarias dotadas de una irrelevante capacidad presupuestaria para actuar de
forma anticíclica, han sido capaces de resolver de forma satisfactoria las
necesidades de financiación exterior de algunos países del euro (Portugal,
Grecia, Irlanda, España, Chipre). El BCE tuvo más en cuenta los imaginarios
peligros inflacionistas de una expansión monetaria que las necesidades
crediticias reales de particulares, empresas y estados. A esto hay que añadir unas
estrictas políticas de austeridad salarial y de gasto público a esos países. El
saldo global de esas medidas ha sido tan negativo que varios de estos países
han visto cómo se colapsaba su demanda interior, y el crecimiento de las
exportaciones no ha podido cubrir esa caída de la demanda nacional.
Se ha debatido profusamente a
escala europea, y también en España, sobre cuales debieran ser los mecanismos e
instrumentos para enfrentarse a esa situación: acelerar el proceso de
integración europea a través de un presupuesto comunitario digno de tal nombre,
una Unión Bancaria que rompa con la tendencia a la renacionalización de los
mercados de crédito, un sistema de mutualización de la deuda pública a escala
europea, o un nuevo papel del Banco Central. Pero la realidad política europea
indica que no existe una correlación suficiente de fuerzas en Europa para que
se produzcan grandes cambios en estas cuestiones en un futuro cercano. Este
sería un camino deseable, pero su materialización sólo es posible a muy largo
plazo.
En parte importante de la
ciudadanía se ha producido un creciente desencuentro con la moneda común,
llegándose a plantear la salida de España del euro. No obstante, este
planteamiento olvida que nada asegura que una salida del euro permita un cambio
en las actuales políticas económicas.
¿Estamos ante un problema sin
solución?, ¿no hay capacidad política y social para actuar?