Comienza el año 2014 con el debate sobre si, realmente, podremos llamarlo "el de la recuperación", o simplemente como el del final de la recesión (reducción del PIB) pero en un contexto de estancamiento y mantenimiento de los elevados niveles de desempleo, así como de consolidación de las pérdidas de rentas, servicios sociales y derechos que se han producido en estos años.
Las autoridades, claro, están empeñadas en transmitir un mensaje optimista (para lo cual no dudan en comparar los malos datos de 2013 con los pésimos de 2012) y en asociar cualquier mejora a los resultados de su política económica. Sin embargo, muchos economistas europeos insisten en que las políticas de austeridad a ultranza y devaluación interna de la periferia son más bien parte del problema que de la solución.
Un grupo de estos economistas forman lo que se conoce como EuroMemo Group (European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe) y acaban de publicar una declaración muy interesante titulada "The deepening divisions in Europe and the need for a radical alternative to EU policies". En mi opinión, contiene ideas fundamentales para entender las consecuencias que tienen las políticas que se están aplicando y cuáles deberían ser las alternativas. Por ello, recojo a continuación una traducción al español de lo principal del "Summary" de este texto, esperando que sirva para impulsar la reflexión y el debate. (El texto completo en inglés está disponible aquí).
INTRODUCCIÓN
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La
Unión Europea va a salir de la recesión, pero algunos países seguirán sufriendo
una situación de depresión; la producción es todavía inferior a los niveles de
2008, el desempleo es excepcionalmente elevado en los países de la periferia
del euro y no cabe esperar una reducción apreciable en el futuro inmediato. Las
políticas de austeridad han llevado a una ampliación de la polarización social
en Europa y a un proceso de restructuración industrial por el que la posición de Alemania y otros países del Norte se ha
reforzado, mientras que la capacidad productiva del Sur está siendo debilitada.
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La
crisis ha dado lugar también a un cambio significativo en la distribución de la
renta. En la mayoría de países de fuera del euro el salario real se ha
reducido, y esto ha sido especialmente notable en la periferia de la zona euro
y muchos países de la Europa del este.
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Al
mismo tiempo, la jerarquía institucional entre los estados miembros se ha visto
afectada, con el refuerzo de la posición de Alemania y el debilitamiento de los
países del Sur, que han visto cómo importantes áreas de sus políticas
económicas son dictadas desde Bruselas. Las actividades de la Comisión Europea
siguen afectadas por un serio déficit democrático y la falta de transparencia.
Decisiones muy importantes se adoptan en reuniones cerradas y sin control por
parte de los parlamentos nacionales o por el Parlamento Europeo, pero sobre las
que sí tienen influencia poderosos lobbies económicos.
POLÍTICA
DE DEMANDA
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En
lugar de la austeridad, las políticas económicas deberían centrarse en promover
empleos adecuados, desde el punto de vista social y medioambiental. Debería
terminarse con el impacto regresivo de los recortes en los gastos públicos y
reforzar los servicios públicos de educación y sanidad. Estos mayores niveles
de gasto se podrían financiar revirtiendo las bajadas de la fiscalidad que se
han producido en los últimos 20 años. También debería elevarse el presupuesto
europeo hasta el 5% del PIB para que pueda tener algún efecto significativo
sobre la producción y el empleo. La financiación de los déficits públicos
debería mutualizarse mediante la emisión conjunta de eurobonos, para que la
especulación no pueda cebarse en los países más débiles. La deuda pública existente
en algunos países no es sostenible: no puede pagarse en su totalidad y debería
llevarse a cabo una auditoría para determinar qué parte es ilegítima y debe cancelarse.
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Las
propias políticas fiscales restrictivas de muchos países hacen incluso más
difícil alcanzar los objetivos de déficit. Además, mientras que el BCE
estabilizó el sistema bancario con la concesión de préstamos incondicionales a
tres años por aproximadamente 1 billón de euros, sigue teniendo prohibido
prestar directamente a los gobiernos.
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Dada
la rígida adhesión de la UE a los principios neoclásicos, los salarios están
soportando la carga del ajuste ante la crisis: los salarios reales se reducen
en algunos países, provocando presiones deflacionarias. La presión implacable a
la baja sobre los salarios debería reemplazarse por un reforzamiento de la
negociación colectiva. Una elevación ordenada de los salarios puede contribuir
a solucionar la debilidad de la demanda interna en Europa, a la vez que
promover una mayor justicia social. Y para combatir el desempleo y establecer
condiciones en las que la vida de las personas no esté dominada por el trabajo,
la jornada laboral semanal normal debería reducirse hasta las 30 horas, sin
disminuciones salariales.
POLÍTICA
FINANCIERA Y BANCARIA
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La
fase más aguda de la crisis financiera se ha controlado, pero el sistema
financiero se mantiene muy frágil, a pesar de la gran cantidad de liquidez
inyectada por el BCE, y de hecho los bancos redujeron sus préstamos en 2013. En
algunos países como España, la situación del sistema bancario es muy crítica.
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A
mediados de 2012, la Comisión Europea propuso la Unión Bancaria (UB) como un
nuevo proyecto para resolver la crisis. A pesar de su ambiciosa organización,
esta UB no cambia el paradigma bancario dominante en la UE, y las reformas no favorecen
una estricta separación entre la banca comercial y la banca de inversión.
Además, plantean también cuestiones importantes sobre la democracia y la
gobernanza de la UE, puesto que incrementan el papel del BCE, a cargo del
mecanismo único de supervisión bancaria a pesar de que es parcialmente
responsable de la profundidad de la crisis de deuda soberana, al negarse a
prestar directamente a los gobiernos en el mercado primario.
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La
fuerza del lobby financiero ha influido en la lentitud y limitaciones de las
reformas financieras. Las instituciones europeas deberían perseguir claramente
el objetivo de reducir el peso de las finanzas en la economía. Las actividades
especulativas deberían prohibirse. La banca comercial debería aislarse de los
mercados financieros y centrarse en su actividad principal: prestar al sector
no financiero. La directiva sobre el Impuesto de Transacciones Financieras debería
implementarse rápidamente.
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El
BCE debería ser sometido a un control democrático efectivo.
GOBERNANZA
DE LA UE
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La
entrada en vigor del Tratado sobre Estabilidad, Coordinación y Gobernanza, y de
otras directivas, significa que las políticas económicas en los países de la
eurozona están sometidas a un amplio control central. Aunque se han reducido
radicalmente los poderes de los parlamentos nacionales sobre las políticas
económicas, no se ha producido el correspondiente incremento de este poder en
el Parlamento Europeo.
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La
multiplicación de simples límites aritméticos sobre el gasto público y la
capacidad de endeudamiento de los gobiernos será probablemente tan disfuncional
en el futuro como lo han sido casi siempre en el pasado.
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La
retórica de la competitividad utilizada por los líderes europeos para
justificar tanto un enfoque restrictivo a la política económica como la inmensa
presión en los estados miembros más debilitados también contribuye a limitar el
control democrático de la economía.
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Las
restricciones legales sobre la política económica son ahora tan severas que la
aplicación de políticas verdaderamente alternativas requerirá o la derogación
de las nuevas medidas de la gobernanza europea o su subordinación explícita a
otras prioridades –empleo, sostenibilidad ecológica y justicia social-.
IMPUESTOS
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La
relevancia económica y política del sistema impositivo se ha hecho más evidente
conforme la crisis europea ha afectado más profundamente a las finanzas de la
mayoría de los estados miembros y a las vidas de sus ciudadanos. Las
recomendaciones de grupos regionales o globales preocupados por la justicia de
los impuestos reciben una atención creciente entre la sociedad civil europea,
reforzada por la revelación de que las grandes corporaciones y los individuos
más ricos eluden en gran medida el pago de impuestos. En respuesta tanto a esta
conciencia de que se eluden las responsabilidades fiscales como a la hemorragia
que sufren los ingresos fiscales por la recesión y el estancamiento, los
gobiernos europeos han concedido mucha más importancia a la prevención del
fraude fiscal y a la competencia fiscal desleal. La Comisión Europea, con el
apoyo decidido del Parlamento Europeo, ha aprobado un conjunto de reformas de
la fiscalidad orientada a incrementar la transparencia internacional. Estas
reformas incluyen intercambio de información relacionada con la Directiva sobre
Imposición al Ahorro, el impuesto sobre sociedades y, en el área euro, un
Impuesto de Transacciones Financieras. Estas iniciativas son bienvenidas, pero
serán insuficientes para poner fin a las políticas impositivas de “empobrecer
al vecino” que se han mantenido durante la crisis; y tampoco contribuirán a revertir
las crecientes desigualdades de renta y la pobreza en Europa. Sólo una
armonización radical de la imposición directa basada en una mayor progresividad
en todos los estados miembros, la eliminación de los bajos sistemas fiscales en
europa central y del este, y la convergencia de las tasas impositivas a nivel
europeo asegurarán la supervivencia de una cultura de solidaridad social en la
región.
EMPLEO
Y POLÍTICA SOCIAL
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La
crisis económica y financiera ha tenido un profundo y regresivo impacto social para
muchas personas de la UE, por el elevado desempleo, la pobreza e incluso la
pérdida de futuro para muchos jóvenes.
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Uno
de cada cuatro europeos se encuentra en situación de pobreza, y uno de cada
ocho activos está desempleado. Las cifras de desempleo juvenil son
especialmente inquietantes: uno de cada cuatro a nivel europeo, y uno de cada
dos o tres en países más afectados por la crisis como Grecia, España o Italia.
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El
elevado desempleo y la pobreza han debilitado la posición negociadora de los
trabajadores frente a las empresas y esto se ha reflejado en condiciones
laborales más precarias: uno de cada cinco contratos en la UE no son
indefinidos, y el desempleo temporal o a tiempo parcial (involuntario) se ha incrementado
desde el inicio de la crisis.
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La
UE ha fracasado en ofrecer recursos para aliviar el impacto de la pobreza y el
desempleo juvenil. Sus propias instituciones, como la DG de Empleo, Asuntos Sociales
e Inclusión, ha fracasado también en el seguimiento y apoyo de los países que
están sufriendo una crisis social cada vez mayor. Una medida inmediata debería
ser que las propias instituciones europeas midieran el impacto social derivado
de las políticas de recortes que ellas mismas han impuesto a los estados
miembros. A partir de esto, deberían prestar apoyo en áreas básicas, en
particular la sanidad, y asegurar apoyo para los niños y para los jóvenes
afectados por el desempleo y la pobreza.
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Para
proteger a los trabajadores de la creciente marea de condiciones laborales
precarias, debería ampliarse urgentemente a todos los trabajadores los
programas de protección social, independientemente del tipo de contrato que
tengan.
POLÍTICA
INDUSTRIAL
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La
urgencia de una política industrial en Europa está empezando a ser reconocida
incluso por la Comisión Europea, pero sus propuestas siguen confinadas en el marco
limitado de la política de competencia y orientadas exclusivamente al funcionamiento
a corto plazo del mercado. Se requiere una alternativa que se fije en objetivos
relacionados con el desempeño industrial a largo plazo y con una transformación
ecológica.
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Esto
debería incluir seis dimensiones principales: (1) un plan de inversión europeo
para la reconstrucción socio-ecológica y para relanzar la demanda; (2) la
recuperación de capacidad industrial en Europa; (3) un giro urgente hacia actividades
ambientalmente sostenibles, intensivas en conocimiento, y caracterizadas por
elevadas capacitaciones y salarios; (4) una reversión de las privatizaciones
masivas de las últimas décadas y un apoyo público significativo a estas
actividades, a nivel europeo, nacional, regional y local; (5) una política de seguridad
conectada con el desarme, la cohesión y la reducción de los desequilibrios
dentro de la UE y de los países; (6) la creación de un nuevo instrumento
político para una transformación ecológica de Europa.