Ayer presentamos en un debate
organizado por la Fundación 1º de Mayo
el libro “¿Qué hacemos con la competitividad?”, en el que Bruno Estrada, María José
de Paz, Antonio Sanabria y Jorge Uxó hemos tratado de abordar los errores que
se esconden detrás de las políticas que tratan de construir el crecimiento
sobre la base de la devaluación salarial. Para acceder al vídeo del debate, ir aquí.
Este libro forma parte de un
proyecto más amplio de la editorial Akal, impulsado por un grupo de reflexión denominado
precisamente “Qué hacemos”, que pretende “responder a los retos actuales pero
también recuperar la iniciativa; intervenir en la polémica al tiempo que
proponemos nuevos debates; resistir las agresiones actuales y anticipar las
próximas; desmontar el discurso dominante y generar un relato propio; elaborar
una agenda social que se oponga al programa de derribo iniciado”. Podéis
consultar sus proyectos, debates y publicaciones aquí.
En cuanto a las ideas principales
del libro sobre la competitividad, además del enlace anterior al vídeo, reproduzco a continuación la entrevista a su
coordinador (Bruno Estrada) publicada en eldiario.es:
Según
la versión oficial, la crisis sufrida por España y otros países periféricos
tiene relación con una pérdida de competitividad, debida en gran medida a un
excesivo crecimiento de los salarios en el pasado. Frente a eso, la receta es
obvia: ganar competitividad, mediante una política de ajustes y devaluación
salarial. Así lo viene defendiendo el gobierno español, que ha situado la
competitividad en el centro de su política –incluso nominalmente, con un Ministerio de Economía y Competitividad-.
Pero frente a esa insistencia en la competitividad –o más bien
una forma de entender la competitividad-, hay cada vez más voces críticas:
economistas heterodoxos como Bruno Estrada, director de Estudios de la
Fundación 1º de Mayo y coordinador del libro Qué hacemos con la competitividad, escrito
junto a María José Paz, Antonio Sanabria y Jorge Uxó.
Conversamos
con Estrada días antes del debate que sobre competitividad y devaluación
salarial se celebrará en Madrid, y que será el primero de un ciclo de debates públicos donde economistas,
investigadores y activistas sociales debatirán análisis y propuestas. El
primero será el próximo jueves
30 de enero, a las 18.30h, en el Centro Abogados de Atocha (C/ Sebastián Herrera, 12,
Madrid), organizado de forma conjunta con la Fundación 1º de Mayo, y la
colaboración de eldiario.es que lo emitirá en streaming. En el debate, titulado
“Mejorar la competitividad sin bajar los salarios”, participarán Bruno Estrada,
Carlos Berzosa (catedrático de Economía Aplicada), Fernando Luengo
(investigador del ICEI) y Jorge Uxó (profesor de Economía de la Universidad
Castilla-La Mancha).
¿Estamos saliendo de la crisis, como sostiene el gobierno?
Estamos en lo que parece el inicio de una recuperación, que en
todo caso durante el próximo año será débil, frágil y sujeta a numerosas
incertidumbres, como han puesto en evidencia los efectos del derrumbe del peso
argentino en la bolsa española. En esta incipiente recuperación está jugando un
papel fundamental el gasto público, gracias al aplazamiento, por dos años, de
los objetivos de déficit público impuestos por la UE. El incremento del techo
de gasto público, unos 20.000 millones de más sobre lo contemplado en los
presupuestos aprobados para 2013, y el esfuerzo de desendeudamiento que han llevado
a cabo los particulares y las empresas por sus propios medios, es lo que está
haciendo que la demanda nacional (vía consumo e inversión privada, y consumo
público) tire unas décimas del PIB, frente al falso y erróneo discurso
gubernamental sobre la competitividad exterior. La mejora, en unas décimas, de
esas variables macroeconómicas no va a suponer una mejora sustancial del
mercado de trabajo a corto plazo, como han puesto en evidencia los datos de
empleo del cuarto trimestre de la EPA.
¿Tiene que ver esta mejora de indicadores con que la economía
española es hoy más competitiva tras las reformas, como defienden los
partidarios del ajuste?
La devaluación salarial impulsada por el gobierno, además de
dolorosa en términos sociales, ha agravado la crisis y ha retrasado la
recuperación, ya que ha deprimido el conjunto de la actividad económica. El
principal elemento para un crecimiento económico estable y vigoroso es el
incremento del consumo y la inversión nacional. En una economía del tamaño de
la española, que no es comparable con otros países exportadores mucho más
pequeños, el impulso de las exportaciones vía devaluación salarial nunca podrá
compensar la caída de la demanda nacional que provoca esa misma devaluación
salarial. Esto sin tener en cuenta que los costes laborales son una parte cada
vez menor de los costes de producción, como afirma la propia Comisión Europea.
Los productos de los países desarrollados solo pueden ser competitivos en los
mercados mundiales (productos, no olvidemos, en los que los derechos sociales
de los que disfrutamos están incluidos en el precio de venta) si las empresas
que los fabrican son intensivas en capital o basan su estrategia competitiva en
detentar una situación de monopolio en alguna fase del proceso de producción (como
la innovación y la diferenciación de producto).
¿Está mejorando el sector exterior?
El aumento de las exportaciones ha sido debido fundamentalmente
a una reorientación geográfica de nuestras exportaciones hacia los países
emergentes, en la actualidad con mercados más dinámicos. Los nueves países
emergentes que mayor volumen de exportaciones españolas absorben han pasado de
representar el 11% de las exportaciones españolas en 2008 al 14,1% en 2013. La
ralentización del crecimiento de las exportaciones españolas en el tercer
trimestre, cuando se inicia la tímida recuperación del PIB, pone en cuestión la
línea de flotación de la argumentación, y de las políticas, del gobierno en el
sentido de que la devaluación salarial supondría una mejora de la competitividad
exterior capaz de tirar del crecimiento económico.
¿Tenía España un problema de competitividad?
Las empresas españolas no: entre 1994 y 2007 la cuota de las
exportaciones españolas sobre el total de exportaciones mundiales se mantuvo
más o menos constante en torno al 1,8%. En términos comparativos nuestra cuota
exportadora a escala global se ha reducido en los últimos doce años tan sólo en
un 8,9%, mientras que las de las principales naciones industrializadas, excepto
Alemania, lo hacían en una franja del 20% (Francia y EEUU) al 40% (Italia),
según el Banco de España. Sí tiene un problema de competitividad estructural en
relación con el sector energético. En la actualidad la balanza comercial
española, sin considerar los productos energéticos, tiene superávit. El
tradicional déficit de nuestra balanza por cuenta corriente ha estado
ocasionado fundamentalmente por las importaciones de combustibles y
lubricantes, que en 2012 representaron el 6% del PIB y suponen en la actualidad
el 23% del total de importaciones. La fuerte dependencia energética exterior de
las actividades industriales y de servicios, particularmente del transporte, y
no la evolución de los salarios, es lo que ha determinado el desequilibrio
estructural exterior de nuestra economía y, por tanto, es clave en la capacidad
de reducción de nuestro endeudamiento exterior, tal como indica el propio Banco
Central Europeo. Una política orientada a reducir la alta dependencia
energética, impulsando las energías renovables (en algunos de cuyos segmentos
como la energía eólica somos altamente competitivos) y sistemas de transporte
de mercancías menos contaminantes que el transporte por carretera, es
imprescindible para reducir las necesidades de financiación exterior de nuestra
economía, para mejorar su competitividad estructural.
¿Es la devaluación salarial el precio a pagar por salir de la
crisis?
No, ha sido la incapacidad política de los gobiernos de actuar
eficazmente sobre el sector financiero y energético lo que ha hecho que
finalmente el esfuerzo de reducción de costes haya recaído sobre los costes
laborales. Los sobrecostes que actualmente tienen que pagar las empresas
españolas por la energía y la financiación son debidos a la influencia que las
principales empresas de estos sectores tienen sobre el poder político. La
crisis ha sido la excusa para aplicar un programa de máximos del empresariado
español menos abierto a la competencia internacional, el que depende en gran
medida de los presupuestos públicos, el que menos invierte en modernizar su empresa,
el que basa sus márgenes empresariales en la sobrexplotación de los
trabajadores. Ha sido el shock externo que los neoliberales españoles esperaban
para modificar radicalmente las reglas del juego en el mercado laboral,
incrementando exponencialmente el poder del empresario en las relaciones
laborales y despreciando las consecuencias demoledoras de la devaluación
salarial sobre el tamaño y sofisticación de la demanda nacional. La devaluación
salarial descuelga a España de la senda de las sociedades desarrolladas basadas
en el conocimiento, en las cuales la implicación de los trabajadores es
fundamental para generar valor en la empresa.
Sois críticos con los análisis que se basan en los Costes
Laborales Unitarios (CLU). ¿Por qué desconfiáis de este indicador?
El hecho de que la cuota exportadora de España a escala mundial
apenas se hubiera visto perjudicada por el aumento de los Costes Laborales
Unitarios (CLU) en nuestro país antes de la crisis, pone en evidencia que en la
competitividad de las exportaciones españoles entran en juego otros factores
además de los precios. El economista Nicholas Kaldor evidenció, ya en 1978, que
no existía una relación entre la evolución de los CLU y la cuota de mercado.
Los CLU sólo informan sobre la competitividad-precio de productos
estandarizados, pero no aportan ninguna información sobre las mejoras que se
hayan producido en otros aspectos como la calidad y diferenciación del
producto, las estrategias de internacionalización, la calidad de los servicios
de distribución y venta. No es que nosotros desconfiemos de ese indicador, es
que son numerosos los estudios, del Servicio de Estudios del BBVA, del Banco de
España, de economistas como Vicente Salas, o Jesus Felipe y Utsav Kumar del
Banco de Desarrollo de Asia que ponen de manifiesto que los CLU agregados a
escala sectorial o nacional no son un indicador correcto para medir la
competitividad de un país. En España la burbuja inmobiliaria hizo que el mix
tecnológico de producción evolucionara hacia sectores, vinculados a la
construcción, poco intensivos en tecnología y de baja productividad, elevando
los CLU agregados a escala nacional, pero sin que esto supusiera un
empeoramiento real de la capacidad competitiva de las empresas exportadoras de
nuestro país.
Apostáis
por el concepto de “competitividad estructural”, ¿en qué consiste?
La competitividad estructural de una economía parte de la
consideración de que, además de a factores internos de gestión empresarial, la
capacidad competitiva de las empresas depende de la estructura económica de la
que forman parte: 1)del tamaño y sofisticación de la demanda nacional; 2)de las
estructuras de las relaciones de producción nacionales entre diferentes
sectores; 3)del tamaño y poder de mercado de proveedores y clientes; y 4)de la
capacidad de difusión de tecnología. La competitividad estructural de una
economía depende de su grado de capitalización, en términos de
infraestructuras, capital humano, e innovación tecnológica. Elementos sobre los
que la actuación de los poderes públicos es fundamental. Si analizamos la
competitividad desde este punto de vista, la reducción de salarios es contraproducente,
no solo reduce la demanda agregada, y su nivel de sofisticación (aumenta el
consumo de productos de menor calidad y se venden menos productos de marca y
tecnológicamente avanzados, que son los que tienen un mayor valor añadido y,
por tanto, los que permiten disputar mayores salarios), y también genera un
efecto de fuga de los trabajadores más capacitados y cualificados, aquellos que
más incrementan el valor para las empresas que apuestan por la innovación y el
conocimiento.
Reproducís en el libro las palabras del socialdemócrata alemán
Helmut Schmidt: “Los superávits de Alemania son, en realidad, los déficits de
otros países”. ¿Es Europa una suma cero, donde unos países se equilibran con el
desequilibrio de otros? ¿Se ha beneficiado Alemania del modelo económico
español?
A lo ya comentado sobre las verdaderas causas de los
desequilibrios comerciales hay que añadir, tras la entrada en el euro, los
efectos financieros del neomercantilismo depredador desarrollado por Alemania y
otros pequeños países del centro y norte de Europa. El conjunto de la UEM
mantiene una posición próxima al equilibro con el resto del mundo, pero desde
1999, Alemania y otras economías más pequeñas como Holanda, Austria y
Finlandia, han registrado grandes superávits. Los países con superávit gastan
menos de lo que producen, lo que se refleja en términos macroeconómicos en un
exceso de ahorro, que se canaliza hacia el exterior en forma de adquisición
neta de activos. En este sentido, parte importante de la inflación de activos inmobiliarios,
de la burbuja, que ha sufrido la economía española ha sido debido a ese exceso
de ahorro centroeuropeo que hasta el inicio de la crisis venía obteniendo
mayores rentabilidades en el ladrillo español que en las empresas de alta
productividad de su país.
Habláis de mejorar la productividad, pero también el gobierno y
la patronal insisten en la productividad. ¿Habláis el mismo idioma?
Una mejora de la productividad del trabajo, que es a la que se
nos referimos cuando hablamos de productividad coloquialmente, puede lograrse a
través de tres vías: 1)incrementando la explotación de los trabajadores. Si
tomamos el ejemplo de una empresa de mensajería estaríamos hablando de la
rebaja de sus sueldos o del incremento de su jornada y ritmo de trabajo; 2)incrementando
la relación de capital por trabajador. En el mismo ejemplo, si la empresa
compra una moto a sus carteros les permite repartir más cartas en menos tiempo;
y 3)imponiendo los precios de sus productos sobre los clientes, o los precios
de los bienes intermedios o materias primas sobre sus proveedores, esto es, si
las empresas son capaces de lograr derechos de monopolio sobre alguno de estos
cinco activos intangibles específicos: el acceso a la tecnología, los
conocimientos de gestión en equipo, las economías de escala en los centros de
producción, las mejores ideas de comercialización y disponer de marcas bien
conocidas. En general, las grandes empresas están mejor posicionadas para
lograr dichos derechos de monopolio. Nosotros nos referimos, evidentemente, a
lograr mejoras de la productividad mediante los dos últimos caminos.
Criticáis el “decreciente compromiso de los accionistas con sus
empresas”, ¿en qué sentido?
El incremento de los beneficios empresariales distribuidos a los
accionistas y de los intereses financieros pagados por los prestamos
solicitados, la parte del beneficio que no se reinvierte en la empresa, que no
incrementa su productividad pasó del 39% en 1995 al 60% en 2008. El resultado
del escaso volumen de beneficios reinvertidos ha hecho que el stock, la cantidad, de capital
productivo, excluidas las viviendas, en los últimos 15 años creciera a una tasa
tan solo del 1%, mientras que en los años sesenta y setenta creció a una tasa
anual del 10%. El stock de capital en la economía española en 2009 representaba
tan sólo un 161% del PIB, un peso muy inferior al que tiene en otras economías
desarrolladas como Alemania, un 184% y EEUU, un 209%. La tradicional escasez de
capital productivo es un elemento básico a la hora de explicar la baja productividad
de las empresas pequeñas y mediadas empresas de nuestro país. El decreciente compromiso de los accionistas con sus empresas es un elemento muy
preocupante en una economía, ya que conduce a que las ganancias de
productividad solo pueden alcanzarse mediante una mayor explotación de los
trabajadores.
Proponéis actuar sobre los beneficios empresariales, para su
reinversión, y con más participación de los trabajadores. ¿Cómo se hace algo
así?
Incentivar la reinversión productiva de los beneficios de las
empresas no reduce la riqueza de los accionistas, aunque sí su renta
disponible. La reinversión de beneficios incrementa su patrimonio a largo
plazo, por la revalorización de sus acciones (si la empresa cotiza en bolsa) o
por el mayor valor de sus activos (edificios, maquinaria, patentes). En 1975 el
economista sueco Meidner, miembro del sindicato sueco LO, propuso la creación
de “fondos colectivos de asalariados” como una forma de enfrentarse a los tres
principales problemas de la economía sueca en ese momento: que se consumía más
que se producía, que las inversiones eran muy bajas y que había un exceso de
capacidad productiva, problemas que actualmente tienen la economía española.
Según Meidner parte de la remuneración a los trabajadores debería hacerse
mediante la cesión de acciones de las empresas, que debían de ser gestionadas
conjuntamente por organismos de representación colectiva de los trabajadores.
El sindicato LO consiguió que en 1984 el gobierno de Olof Palme, dos años antes
de ser asesinado, aprobara una ley que si bien no tenía en cuenta todas las
propuestas de Meidner si recogía su filosofía. Aunque la victoria del “bloque
burgués” en 1991 supuso el desmantelamiento de los fondos, que habían alcanzado
un volumen total de 2.000 millones de euros, reconvirtiéndolos en fondos de
pensiones.