Bruno Estrada López. Director de Estudios y Proyectos de la
Fundación 1º de mayo.
Ni el BCE, ni unas débiles instituciones
comunitarias dotadas de una irrelevante capacidad presupuestaria para actuar de
forma anticíclica, han sido capaces de resolver de forma satisfactoria las
necesidades de financiación exterior de algunos países del euro (Portugal,
Grecia, Irlanda, España, Chipre). El BCE tuvo más en cuenta los imaginarios
peligros inflacionistas de una expansión monetaria que las necesidades
crediticias reales de particulares, empresas y estados. A esto hay que añadir unas
estrictas políticas de austeridad salarial y de gasto público a esos países. El
saldo global de esas medidas ha sido tan negativo que varios de estos países
han visto cómo se colapsaba su demanda interior, y el crecimiento de las
exportaciones no ha podido cubrir esa caída de la demanda nacional.
Se ha debatido profusamente a
escala europea, y también en España, sobre cuales debieran ser los mecanismos e
instrumentos para enfrentarse a esa situación: acelerar el proceso de
integración europea a través de un presupuesto comunitario digno de tal nombre,
una Unión Bancaria que rompa con la tendencia a la renacionalización de los
mercados de crédito, un sistema de mutualización de la deuda pública a escala
europea, o un nuevo papel del Banco Central. Pero la realidad política europea
indica que no existe una correlación suficiente de fuerzas en Europa para que
se produzcan grandes cambios en estas cuestiones en un futuro cercano. Este
sería un camino deseable, pero su materialización sólo es posible a muy largo
plazo.
En parte importante de la
ciudadanía se ha producido un creciente desencuentro con la moneda común,
llegándose a plantear la salida de España del euro. No obstante, este
planteamiento olvida que nada asegura que una salida del euro permita un cambio
en las actuales políticas económicas.
¿Estamos ante un problema sin
solución?, ¿no hay capacidad política y social para actuar?
Pese a que el gobierno justifica
muchas de sus medidas en imposiciones europeas, hay márgenes suficientes para
que España desarrolle una política económica que, atendiendo a los intereses de
la mayoría de los españoles, compagine la creación de empleo con la reducción
del endeudamiento exterior:
- Impulsar una política de demanda que corrija la errónea concepción de que la salida a la crisis solo es
posible mediante el esfuerzo exportador. Una política de demanda que debe
contemplar tanto políticas de estimulo fiscal como el fin de la devaluación
salarial. Para ello se requiere una reforma fiscal que termine con la
creciente desfiscalización de gran parte de los beneficios de las grandes
empresas y sea capaz de hacer pagar impuestos progresivos a las rentas del
trabajo y el capital más altas. Una eficaz lucha contra el fraude y la elusión
fiscal es imprescindible en este sentido. Hay que recordar que nuestra presión
fiscal es inferior en siete puntos del PIB a la media de la UE. En términos
salariales es necesario restituir la relación entre la evolución de los salarios
reales y la productividad, así como modernizar las relaciones laborales, en
sentido inverso a lo que han hecho las últimas reformas laborales del PP y el
PSOE. Las experiencias desarrolladas en Alemania, a través de los Consejos de
Vigilancia, donde hay más de 800 empresas que disponen de ese órgano, o en
Suecia, donde se desarrollaron los Fondos de Asalariados, ponen de manifiesto
el papel que puede jugar la participación de los trabajadores en mejorar la
competitividad y productividad de las empresas.
-
Buscar una nueva inserción de
nuestra economía en la globalización que tenga como objetivo que las
empresas españolas, además de ampliar geográficamente su internacionalización,
escalen en la cadena de valor de las actividades productivas que actualmente
realizan. También, diversificar nuestra búsqueda de financiación exterior, para
poder desarrollar una política económica con mayores márgenes de soberanía
económica, y de autonomía frente a los dictados comunitarios que defienden los
intereses de otros países. En muchos casos, las instituciones con capacidad de
financiación en los países emergentes son fondos soberanos (o de empresas
públicas o semipúblicas) cuyos objetivos no priorizan obtener altas
rentabilidades inmediatas, como hace el impaciente capital anglosajón, sino garantizar
una rentabilidad durante un largo periodo de tiempo, aunque sea más moderada.
No somos la periferia de Europa,
somos el puente entre Europa y los países emergentes de Asia, America y África. No hay que caer en los errores que se cometieron en el
pasado, que llevaron a aceptar una posición muy subordinada de nuestro tejido
industrial frente a las empresas de los países centrales de Europa
(fundamentalmente francesas y alemanas). Esto es, aceptando ser solo
proveedores de productos intermedios estandarizados que compiten principalmente
vía precios, aceptando que las filiales españolas de las multinacionales
europeas tuvieran importantes restricciones a la hora de invertir en I+D+i, de
acceso a otros mercados diferentes a los que venían determinados por las
estrategias de la sede central, aceptando “precios de transferencia” tanto de
productos exportados, como de tecnología importada, que trasladan los
beneficios a otros países. Reorientar parte de su actividad a los mercados
emergentes, es una oportunidad de mejorar la posición de las empresas españolas
en la cadena de valor de lo que ahora producen. Hay que recordar que las empresas
españolas de más de 250 trabajadores, las que tienen una mayor propensión
exportadora, tienen una productividad
mayor que las alemanas o británicas y prácticamente igual que las
americanas.
Este
necesario esfuerzo empresarial no va a tener mucho éxito si no va acompañado de
una inteligente y novedosa política industrial que coordine las iniciativas
del sector privado y del Estado. La mejora de la posición de las empresas
españolas en la cadena de valor significa impulsar el crecimiento, en tamaño y
número, de empresas-tractoras. Esto es, de las empresas capaces de lograr un crecimiento
sostenido de su productividad gracias a que tienen cierto poder de mercado
sobre alguno de estos cinco activos intangibles específicos: el acceso a la
tecnología, los conocimientos de gestión en equipo, las economías de escala en
los centros de producción, mejores ideas de comercialización, marcas bien
conocidas. Una política industrial que debe ser mucho más que un dispensador
automático de ayudas públicas vinculadas al esfuerzo inversor en I+D+i de las
empresas y no a sus resultados.
Una nueva política industrial para el siglo
XXI debe partir de la consideración de que la capacidad competitiva de las
empresas, además de a factores internos de gestión empresarial, también depende
de la estructura económica de la que forman parte, lo que se conoce como
Competitividad Estructural, y sobre la que se puede y se debe actuar desde las
instituciones públicas:
1) El
tamaño y sofisticación de la demanda nacional, lo que permite una mayor
diversificación de los productos, y que la calidad del producto y la marca sean
factores competitivos para un gran volumen de producción. Evidentemente, la reducción y empobrecimiento
de la demanda a la que nos conducen las políticas de austeridad va en sentido
contrario.
2) Las
estructuras de las relaciones de producción nacionales entre diferentes
sectores, evitando estrangulamientos productivos a escala nacional como el que
tiene España con la energía y el sector financiero.
3) El
tamaño y poder de mercado de proveedores y clientes (en el que juegan un papel
importante la gestión de los servicios de distribución y venta y la
internacionalización, incluido el comercio intrafirma entre filiales de una
misma empresa transnacional), la conformación de oligopolios y otros elementos
de competencia imperfecta.
4) La
difusión de tecnología, que afecta a la capacidad de innovación global de un
país.
Esta política industrial debe promover, en primer lugar, medidas de carácter horizontal que, además
de aumentar la inversión y difusión tecnológica, aumenten la relación entre
capital productivo y PIB, particularmente a través de una mayor reinversión de
los beneficios obtenidos.
Entre
1995 y 2008, la parte del beneficio que no se reinvierte en la empresa, que no
incrementa su productividad, pasó del 39% al 60%. Este escaso volumen de
beneficios reinvertidos ha hecho que el stock de capital productivo en los
últimos 15 años, excluidas las viviendas, creciera a una tasa tan solo del 1%,
mientras que en los años sesenta y setenta creció a una tasa anual del 10%. El decreciente
compromiso de los accionistas con sus empresas es un elemento muy preocupante
en una economía como la española, cuyo stock de capital en 2009 representaba
tan sólo de un 161% PIB, un peso muy inferior al que tiene en otras economías
desarrolladas como Alemania, un 184% y EEUU, un 209%. El stock de capital
productivo privado por empleado en 2009 apenas representó un 75,6% de la medía
del área euro, el mismo porcentaje que en 1995.
Regular
incentivos fiscales para Fondos de reinversión de beneficios en los que
participen los representantes de los trabajadores significaría desarrollar de
forma proactiva en nuestro país la senda abierta por la Ley alemana de Participación
Financiera de los Trabajadores de 7 de marzo 2009, que vincula las ayudas
públicas en procesos de reestructuración con el aumento de los derechos de
participación de los trabajadores.
Son
necesarias también medidas de carácter sectorial que deberían
considerar en primer lugar aquellos sectores en los
que se observan ventajas comparativas:
- La Producción de alimentos, bebidas y tabacos, supuso el
9,6% de las exportaciones españolas en dicho periodo, mientras que a escala
mundial significó el 5,7%. Esta es una actividad de bajo contenido tecnológico,
pero susceptible de incrementar su valor añadido mediante adecuadas estrategias
de calidad y diferenciación del producto, así
de internacionalización de los procesos de distribución y
comercialización.
- El Turismo. Una actividad de alta
elasticidad-renta en la cual España tiene una fuerte posición a escala
internacional gracias a que se han aprovechado las ventajas competitivas
naturales, pero en la que las empresas nacionales deben mejorar su posición en
la cadena de valor. El ejemplo de lo que esta pasando con Iberia, el aeropuerto
de Barajas y el turismo en Madrid muestra el camino que hay que desandar.
- El Sector aerospacial. Una actividad de fuerte
crecimiento de la demanda, alta elasticidad-renta y contenido tecnológico, en
el cual nuestro país está muy bien posicionado al participar en consorcios
europeos que tienen una posición líder.
- Sectores emergentes vinculados a la economía verde
(Energías renovables, Gestión de Agua, Energía y Residuos, Nuevas redes de
Transporte colectivo, Química Verde, Forestal, Agricultura Ecológica) en los
cuales las características físicas y climatológicas de nuestro país son muy
importantes.
- Industria Cultural. En este sector las oportunidades de
mercado que ofrece nuestro idioma juegan un papel fundamental.
-Fabricación de vehículos de motor, un sector de tecnología
media-alta, que en el periodo 1998-2008 supusieron el 25% de la exportaciones
españolas, frente a un 11% que representó este sector en el total mundial de
importaciones. El futuro de las empresas está ligado en gran medida a los
esfuerzos que realizan por desarrollar tecnologías más eficientes
energéticamente, incluidas las relacionadas con el coche eléctrico.
-La Producción de minerales no metálicos, un 3,3% de
nuestras exportaciones, tan sólo un 1,3% de las importaciones mundiales. El
reto actual de la minería no energética es compatibilizar sus expectativas de
expansión con los crecientes requerimientos medioambientales.
- Construcción naval, un 1,3% de las exportaciones
españolas, un sector que a escala internacional sólo representó el 0,4%. Este
sector, aunque a escala global tiene unas enormes perspectivas de crecimiento,
a escala europea, y más en España, está sujeto actualmente a enormes
incertidumbres, derivadas de la consideración de la Comisión Europea de las
ayudas públicas nacionales.
-
Fabricación de Material Ferroviario. Un
sector con gran capacidad exportadora, de contenido tecnológico medio y
vinculado a la reducción de la dependencia energética por sus bajos consumos de
energía por pasajero transportado.
Por último, sería necesario mantener un mayor ámbito de
soberanía económica nacional (pública o privada) en algunos sectores
productivos estratégicos, que se caracterizan por ser mercados oligopólicos
con alto nivel de regulación y cuyos productos y
servicios son transversales, afectan al conjunto de la actividad económica,
como son el sector energético, financiero y el de las telecomunicaciones.
Merece
un comentario singular la necesidad de reducir
la dependencia energética e impulsar las renovables. El tradicional déficit
de nuestra balanza por cuenta corriente está ocasionado fundamentalmente por
las importaciones de combustibles y lubricantes, que representaron en 2012 el 6%
del PIB. La fuerte dependencia energética exterior de las actividades
industriales y de servicios, particularmente del transporte, y no la evolución
de los salarios es lo que ha determinado el desequilibrio estructural exterior
de nuestra economía.
Y una
importancia estratégica similar tiene el sector
financiero, donde es preciso impulsar un sistema de bancos públicos,
independientes del poder partidista, para que el crédito llegue a las pymes.
La
tardía, carísima y finalmente fallida reestructuración financiera no ha
resuelto los problemas de escasez y encarecimiento del crédito en España, y ha
reducido la competencia en el sector: en los últimos tres años han desaparecido
una de cada tres entidades de depósito existentes en nuestro país, y el 70% del
mercado bancario quedará concentrado en tres entidades. Debería
plantearse, como
contrapartida a las ayudas el
Gobierno, la creación de un sistema de bancos públicos a través de las
sinergias que pueden generarse en las entidades intervenidas (Novagalicia
Banco, Bankia y Catalunya Banc) y aún no adjudicadas
a otros bancos privados.
Por último, el sector de
telecomunicaciones. La baja penetración de la fibra óptica en nuestro país en
empresas y hogares está detrás de la baja velocidad media de conexión por banda
ancha, lo que en la práctica supone un encarecimiento relativo del servicio de
conexión a Internet. Esto supone un grave hándicap de nuestro país a la hora de
mejorar la competitividad de sectores tradicionales e impulsar
sectores emergentes, como son el audiovisual y la telemedicina.
Concluyendo:
los países emergentes que están ganando cuota de mercado mundial (China, Brasil,
Corea del Sur) y los países desarrollados que menos la están perdiendo
(Alemania) han venido desarrollado diferentes actuaciones de política industrial.
Estos países consideran, y los datos lo confirman, que una inteligente actuación
estratégica del Estado para favorecer a un sector, o a una empresa, que compite en un mercado
global puede generar más beneficios al país que la cuantía de la ayuda
recibida.